La Secretaría General de la Cámara de Diputados confirmó de recibida la solicitud de juicio político contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, presentada por legisladores del PAN. La petición acusa al mandatario sinaloense por los señalamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado y busca que el caso avance por una ruta institucional dentro del Congreso.
El punto importante es que la solicitud haya sido recibida no significa que Rocha Moya ya esté destituido ni que el juicio político esté resuelto. Significa que el PAN formalizó el procedimiento y que ahora la Cámara de Diputados deberá definir qué camino toma el recurso. Aun así, políticamente el movimiento no es menor: el caso ya no se queda solo en medios, rumores, declaraciones o señalamientos desde Estados Unidos; ahora entró a San Lázaro.
La oposición también ha planteado la desaparición de poderes en Sinaloa, con lo que busca llevar la crisis política del estado a una discusión nacional. Rocha Moya ya venía bajo presión por los señalamientos en su contra, su licencia como gobernador y las dudas sobre su ausencia pública. Con esta solicitud, suma un nuevo frente: el Congreso.
La pregunta ahora es qué tanto avanzará el proceso. Porque una cosa es recibir el documento y otra muy distinta es que Morena permita que el caso camine contra uno de los suyos. Por ahora, Rocha Moya ya no solo enfrenta acusaciones y presión mediática; también enfrenta una ofensiva política que busca ponerlo contra la pared desde San Lázaro.
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