Apenas llegó a la presidencia provisional del Instituto Nacional Electoral (INE) y Blanca Yassahara Cruz García ya enfrenta su primera controversia. La funcionaria, nombrada tras la renuncia de Guadalupe Taddei en medio de señalamientos por presuntas irregularidades, ahora debe responder por un contrato de 129.7 millones de pesos otorgado durante su gestión en el Instituto Electoral del Estado de Puebla. Lo que debía ser una nueva etapa para recuperar la confianza en el organismo comenzó con más preguntas sobre el manejo de los recursos públicos.
La polémica gira alrededor de Comercializadora JVLY, una empresa que recibió el millonario contrato en 2024 para suministrar urnas, mamparas, cajas y otros materiales utilizados durante las elecciones locales de Puebla. En aquel momento, Cruz García presidía el instituto electoral poblano y participó en la formalización de la contratación, cuyo monto ascendió a 129 millones 700 mil pesos.
El problema es que la operación no pasó inadvertida para las autoridades fiscalizadoras. La Auditoría Superior del Estado de Puebla mantiene observaciones relacionadas con la documentación justificativa y comprobatoria del contrato. Entre los aspectos pendientes se encuentra la necesidad de aclarar y respaldar debidamente el procedimiento de adquisición del material electoral. Estas observaciones, sin embargo, no equivalen a una resolución definitiva que acredite desvío de recursos o responsabilidad personal de la funcionaria.
Y hay otro elemento que ha encendido las alarmas. Comercializadora JVLY también aparece en investigaciones y observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por contrataciones realizadas con el propio INE. En una operación distinta, el órgano fiscalizador identificó un probable daño patrimonial superior a 63 millones de pesos por documentación insuficiente para acreditar la entrega de materiales y servicios. Se trata de un contrato diferente al de Puebla, aunque involucra a la misma compañía.
La nueva presidenta provisional rechazó las acusaciones de irregularidades y defendió el procedimiento realizado durante su administración. Aseguró que la adjudicación se efectuó mediante una licitación pública nacional, con las etapas y requisitos establecidos por la ley. También explicó que la selección del proveedor correspondió a los comités de adquisiciones y que ella no formaba parte de esos órganos, aunque como presidenta tenía la responsabilidad de firmar los contratos.
Al ser cuestionada sobre sus posibles vínculos con los empresarios involucrados en la controversia, Cruz García negó conocer previamente a la compañía y sostuvo que no recibió instrucciones de las oficinas centrales del INE para favorecer a ningún proveedor. “De mi parte no tengo nada que ocultar”, declaró, al manifestar su disposición para colaborar con las revisiones de las autoridades.
El momento político tampoco ayuda a disminuir las sospechas. Blanca Cruz asumió el cargo el 27 de octubre, después de que Guadalupe Taddei presentara su renuncia en medio de cuestionamientos sobre contrataciones millonarias y posibles conflictos de interés. La nueva presidenta prometió fortalecer las decisiones colegiadas, facilitar las investigaciones y colaborar con los órganos fiscalizadores para esclarecer las operaciones realizadas durante la administración anterior.
Sin embargo, ahora también deberá responder a los cuestionamientos relacionados con su propia trayectoria. Aunque no se ha demostrado que Cruz García haya cometido alguna irregularidad, la coincidencia de proveedores entre los contratos observados en Puebla y las investigaciones sobre adquisiciones del INE hace necesario esclarecer cómo fueron seleccionadas esas empresas, qué documentación respalda las operaciones y si se cumplieron todos los requisitos legales.
El INE se prepara para un proceso electoral clave en 2027, en medio de una transición que debería fortalecer su credibilidad. Pero cambiar a quien ocupa la presidencia no basta para resolver las dudas sobre sus contrataciones. Blanca Cruz ha prometido transparencia y rendición de cuentas; ahora tendrá que demostrar que esos compromisos también se aplican a las decisiones tomadas durante su propia gestión. Porque la exigencia de esclarecer posibles irregularidades no puede depender de quién las haya cometido ni de quién ocupe la presidencia del instituto.















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