¿Quién dijo que ganar más de 156 mil pesos al mes era motivo para llorar? El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral después de romper en llanto frente a la prensa mientras defendía el salario de su hija, Marcela Castro López, funcionaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El episodio abrió una discusión sobre los sueldos en el servicio público, la austeridad que promueve Morena y los posibles conflictos de interés entre familiares de políticos.
La controversia comenzó cuando periodistas cuestionaron al mandatario por los ingresos de su hija, quien ocupa el cargo de coordinadora normativa de Modernización y Competitividad del IMSS. De acuerdo con registros de Nómina Transparente, Marcela percibe un salario bruto mensual de 156 mil 855 pesos, mientras que su padre recibe 106 mil 799 pesos por gobernar Baja California Sur. Es decir, la funcionaria gana 50 mil 56 pesos brutos más al mes que el propio gobernador.
La diferencia tampoco desaparece después de impuestos y deducciones. El ingreso neto estimado de Marcela asciende a 109 mil 14 pesos mensuales, frente a los 80 mil 877 pesos que recibe su padre. Las cifras han despertado cuestionamientos sobre las remuneraciones dentro del Gobierno federal, particularmente en una administración que mantiene la austeridad como uno de sus principales compromisos políticos.
Durante su conferencia del 28 de octubre, Castro Cosío rechazó haber intervenido para que su hija consiguiera el puesto. Aseguró que Marcela cuenta con la preparación y la experiencia necesarias, además de insistir en que su contratación fue decisión exclusiva del Seguro Social. “Es por mérito propio. Los perfiles los elige el Seguro Social, no yo”, respondió ante los cuestionamientos.
Pero la tensión aumentó cuando el gobernador comenzó a hablar de sus hijas. Su voz se quebró, hizo una pausa para beber agua y terminó llorando frente a los reporteros. “Me emociona, no soy de piedra”, expresó. También aseguró sentirse orgulloso de ambas y acusó a sus críticos de utilizar a su familia como instrumento para atacarlo políticamente.
Otro punto que ha llamado la atención es la fecha en que Marcela obtuvo su cargo. Según información curricular del IMSS, comenzó a desempeñarse como coordinadora en febrero de 2019, cuando Víctor Castro ya ocupaba el puesto de delegado federal de Programas para el Desarrollo en Baja California Sur, al que había llegado en diciembre de 2018. El gobernador sostiene que su hija tenía una trayectoria profesional previa y que ingresó al instituto antes de que él asumiera la gubernatura en 2021.
La coincidencia de fechas ha alimentado las preguntas sobre un posible caso de nepotismo, aunque hasta ahora no existen pruebas públicas que demuestren que el mandatario intervino en su contratación. Marcela cuenta con estudios en Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional para el Desarrollo, además de experiencia profesional que, según su padre, incluye trabajo con la Organización de las Naciones Unidas.
El episodio también reavivó el debate sobre los límites de la austeridad republicana. Aunque percibir un salario elevado no constituye por sí mismo una irregularidad, el hecho de que una funcionaria federal gane considerablemente más que un gobernador plantea preguntas sobre los criterios utilizados para establecer remuneraciones y seleccionar a quienes ocupan puestos de alta responsabilidad.
Las lágrimas de Víctor Castro terminaron por convertirse en la imagen más comentada de la polémica, pero el asunto de fondo permanece. El mandatario asegura que su hija llegó al cargo por capacidad y esfuerzo, mientras los registros públicos confirman que percibe un salario superior al suyo. Más allá de la reacción emocional del gobernador, la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué mecanismos garantizan que los cargos y los sueldos en el servicio público respondan a criterios profesionales y no a relaciones políticas o familiares?















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