La polémica cobró fuerza después de que un juez federal concediera protección a un ciudadano afectado por las restricciones para comentar las publicaciones de la ministra. La resolución, emitida el 22 de septiembre, consideró desproporcionado impedir de manera general las respuestas en una cuenta utilizada para difundir información relacionada con funciones públicas.
Ante los cuestionamientos, Batres defendió su postura mediante un comunicado en el que sostuvo que “la libertad de expresión no ampara insultos o vejaciones”. Argumentó que las personas servidoras públicas pueden establecer límites ante amenazas, coacciones, incitaciones a la violencia y otras conductas abusivas.
Sin embargo, el debate va más allá de los insultos. Como integrante del máximo tribunal del país, Batres está sujeta a un mayor escrutinio ciudadano, especialmente cuando utiliza sus redes sociales para comunicar asuntos relacionados con su responsabilidad pública.
La propia Suprema Corte ya había establecido un precedente sobre este tema. En marzo de 2019, al resolver el amparo en revisión 1005/2018, determinó que un funcionario que utiliza sus redes sociales para difundir información de interés público se coloca voluntariamente bajo un mayor nivel de escrutinio. En aquel caso, ordenó al entonces fiscal de Veracruz desbloquear a un periodista al considerar que la restricción afectaba su derecho de acceso a la información.
Respecto a los 17 amparos promovidos contra Batres, la ministra informó que 16 cuentan con resolución definitiva. De ellos, 14 fueron sobreseídos y en dos los juzgados analizaron los límites de la libertad de expresión. El caso más reciente permanece en revisión ante un tribunal colegiado, por lo que todavía no existe una sentencia definitiva.
Batres sostiene que las restricciones cuestionadas buscan frenar conductas abusivas, no impedir opiniones críticas ni desacuerdos ideológicos. Esa distinción es fundamental: protegerse frente a amenazas y hostigamiento es legítimo, pero las críticas incómodas hacia una autoridad no pueden equipararse automáticamente con agresiones.
La controversia plantea una contradicción que merece atención pública. Una ministra que reivindica su cercanía con la ciudadanía enfrenta cuestionamientos judiciales precisamente por limitar la interacción de ciudadanos en una plataforma donde también comunica sus actividades.
El fondo del debate no es si los funcionarios deben tolerar cualquier agresión, sino hasta dónde pueden restringir la participación ciudadana sin afectar derechos fundamentales.
Porque ocupar un cargo público implica aceptar la crítica y rendir cuentas, incluso cuando los cuestionamientos resulten incómodos. Y en el caso de una integrante de la Suprema Corte, encargada de proteger los derechos constitucionales, esa responsabilidad adquiere especial relevancia.
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