El asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar volvió a exhibir la vulnerabilidad con la que ejercen su labor cientos de comunicadores en México. Leyva fue atacado a balazos mientras desayunaba en un puesto de comida en San Pablo Etla, Oaxaca, cuando dos hombres que viajaban en motocicleta le dispararon a plena luz del día y posteriormente escaparon.
Durante años, Francisco Alejandro Leyva se caracterizó por ejercer un periodismo crítico e incómodo para el poder. A través de su columna El Zumbido del Moscardón cuestionó decisiones del gobierno de Salomón Jara y publicó constantes señalamientos contra funcionarios de Morena en Oaxaca, abordando temas relacionados con la administración pública, la seguridad y presuntos actos de corrupción.
El periodista había advertido desde 2025 que su vida corría peligro. Denunció amenazas de muerte ante las autoridades, responsabilizó públicamente a integrantes del gobierno estatal de cualquier agresión en su contra y solicitó la intervención de las instancias correspondientes. Sin embargo, no recibió medidas de protección que garantizaran su seguridad.
Dos días antes de ser asesinado volvió a publicar señalamientos contra actores políticos de Morena. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado que esas publicaciones estén relacionadas con el homicidio, aunque esa línea forma parte de las investigaciones abiertas por la Fiscalía.
La Fiscalía General de la República atrajo el caso a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos y de las áreas encargadas de investigar delitos contra la libertad de expresión. Hasta ahora no existe un móvil confirmado ni personas detenidas por el crimen.
Más allá de identificar a los responsables materiales, el caso también plantea una pregunta sobre la actuación del Estado: ¿por qué un periodista que denunció amenazas durante más de un año terminó siendo asesinado sin recibir protección efectiva?
El homicidio de Francisco Alejandro Leyva se suma a la lista de periodistas asesinados en México y vuelve a encender las alertas sobre la libertad de expresión. Cuando un periodista es silenciado por la violencia, no solo se pierde una vida; también se intenta apagar investigaciones, cuestionamientos y denuncias que son fundamentales para una sociedad democrática. La verdadera protección a la prensa no comienza después de un asesinato, sino antes, cuando las amenazas son atendidas con seriedad y el Estado garantiza que informar nunca se convierta en una sentencia de muerte.
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