La administración de Mara Lezama en Quintana Roo quedó bajo cuestionamientos después de que una investigación periodística documentara contratos por más de 150 millones de pesos otorgados por el Gobierno estatal y distintos municipios a cinco empresas relacionadas entre sí y vinculadas con una compañía investigada dentro de un esquema de huachicol.
La investigación, realizada por Raúl Olmos para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), identificó conexiones entre las empresas contratadas a través de socios, administradores, apoderados y domicilios compartidos.
El nombre central dentro del entramado es Tabasco Capital. De acuerdo con el expediente citado por MCCI, la Fiscalía General de la República identifica a esta compañía como una facturera utilizada para dar apariencia legal a combustible obtenido ilícitamente.
La investigación también señala que tres de las empresas relacionadas participaron como supuestas competidoras dentro de una misma licitación, pese a mantener vínculos entre sí, lo que abre cuestionamientos sobre la competencia real dentro del procedimiento de contratación.
Los contratos documentados involucran recursos provenientes tanto del Gobierno de Quintana Roo como de municipios de la entidad y forman parte de distintos proyectos y servicios públicos.
Hasta ahora no existe evidencia pública que demuestre que Mara Lezama forme parte de la red investigada por la FGR ni que tuviera conocimiento de las actividades atribuidas a Tabasco Capital.
Sin embargo, sí está documentado que durante su administración se otorgaron contratos a empresas vinculadas con ese entramado, colocando bajo escrutinio los mecanismos de revisión, contratación y supervisión utilizados por su gobierno.
El caso adquiere además relevancia política por el discurso de combate a la corrupción que ha acompañado a la administración de Lezama. Aunque las responsabilidades penales deberán determinarse mediante las investigaciones correspondientes, la responsabilidad política sobre las decisiones tomadas dentro de su gobierno recae en la administración que ella encabeza.
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