Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, lanzó un mensaje contundente: su partido no debe proteger a nadie. El legislador pidió que la Fiscalía General de la República investigue sin distinciones los señalamientos contra el empresario Amílcar Olán, relacionado en investigaciones periodísticas con presuntas irregularidades en contratos de la refinería de Dos Bocas.
Sin embargo, sus declaraciones abren una pregunta incómoda: ¿esa exigencia de transparencia también aplica cuando se trata de su propia familia?
En Zacatecas, el apellido Monreal se ha convertido en uno de los más poderosos de la política estatal. David Monreal gobierna la entidad, Saúl Monreal ocupa un escaño en el Senado después de haber sido alcalde de Fresnillo y Ricardo conserva una enorme influencia nacional como uno de los principales operadores legislativos de Morena.
Tres hermanos, numerosos cargos públicos y una presencia política que ha marcado durante años el rumbo de Zacatecas.
Mientras tanto, la entidad ha enfrentado graves problemas de violencia, desapariciones y delincuencia organizada, una realidad que contrasta con el peso político acumulado por la familia. Aunque estos problemas tienen múltiples causas y responsabilidades, los resultados de quienes han gobernado también deben estar sujetos al escrutinio ciudadano.
La concentración de cargos en una misma familia no constituye por sí misma una irregularidad, pero sí plantea cuestionamientos sobre la distribución del poder, las oportunidades políticas y la rendición de cuentas.
Monreal ha insistido en que Morena no debe encubrir posibles actos de corrupción y que corresponde a las autoridades investigar los señalamientos contra personas cercanas al poder. Una postura que cobra especial relevancia ante las controversias relacionadas con personajes del entorno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Pero el principio debería ser universal: ni los aliados políticos ni los familiares de quienes gobiernan tendrían que quedar fuera del escrutinio público.
Porque si Ricardo Monreal considera que nadie debe recibir protección por sus relaciones políticas, también tendría que respaldar que su propio entorno sea cuestionado con el mismo rigor.
Al final, el verdadero desafío no es pronunciar discursos contra los privilegios, sino demostrar que esos principios se aplican sin importar los apellidos.
Porque exigir cuentas desde el poder es fácil. Rendirlas es otra historia.
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