Después de meses de polémica, Morena finalmente le retiró al senador Enrique Inzunza Cázarez la presidencia de una de las comisiones más importantes del Senado. El legislador sinaloense, señalado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, perdió el control de la Comisión de Estudios Legislativos, aunque conservará su escaño y continuará desempeñándose como senador independiente.
El relevo se concretó el 27 de octubre, cuando el pleno del Senado aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para sustituirlo por la morenista Guadalupe Chavira. La decisión llegó dos meses después de que Inzunza abandonara la bancada oficialista y varias semanas después de que Morena anunciara que modificaría la presidencia de ese órgano legislativo.
La controversia comenzó en abril, cuando autoridades de Estados Unidos señalaron al senador por presuntos vínculos con el narcotráfico, particularmente con la facción de Los Chapitos. Inzunza ha rechazado las acusaciones y sostiene que no existen pruebas que acrediten su participación en actividades delictivas. Los señalamientos no constituyen, por sí mismos, una sentencia de culpabilidad.
Ante la presión política, el legislador anunció el 26 de agosto su separación del grupo parlamentario de Morena. Sin embargo, rechazó solicitar licencia para dejar temporalmente el Senado. Argumentó que tenía la responsabilidad de representar a los sinaloenses que votaron por él y aseguró que continuaría ejerciendo su cargo de manera independiente.
Su decisión generó un escenario incómodo para el partido oficialista. Aunque Inzunza ya no pertenecía a Morena, seguía encabezando una comisión cuya presidencia correspondía a esa bancada. Se trata de un espacio fundamental para revisar iniciativas, analizar dictámenes y participar en la construcción de las leyes que posteriormente se someten a votación.
En septiembre, Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, anunció que el legislador perdería la presidencia de Estudios Legislativos. Explicó que la distribución de las comisiones depende del peso de cada grupo parlamentario y que el relevo se realizaría conforme al reglamento. No obstante, la sustitución se prolongó hasta finales de octubre, mientras legisladoras de oposición cuestionaban que Inzunza conservara esa posición.
Con el nombramiento de Guadalupe Chavira, Morena recupera formalmente la conducción de la comisión y pone fin a una controversia administrativa que se había extendido durante semanas. Sin embargo, el movimiento no modifica la condición de Inzunza como senador ni resuelve los señalamientos formulados en su contra. El legislador mantiene su cargo y los derechos que le corresponden, mientras su situación continúa bajo cuestionamiento público.
La decisión también deja abierta una discusión sobre la manera en que los partidos responden cuando alguno de sus integrantes enfrenta acusaciones graves. Morena atribuye el relevo a las disposiciones parlamentarias, pero la separación de Inzunza ocurrió en medio de una polémica que ya había provocado presiones para que abandonara temporalmente su cargo.
El cambio de presidencia está consumado, pero la controversia de fondo permanece. Inzunza ya no controla una comisión clave, aunque sigue ocupando un lugar en el Senado. Ahora, más allá del reacomodo político, lo que está pendiente es esclarecer los señalamientos y determinar si existen elementos para proceder legalmente. Porque retirar un cargo legislativo no equivale a demostrar culpabilidad, pero tampoco sustituye una investigación que permita establecer los hechos.















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