El Gobierno de Sinaloa contrató a SGP Tech para instalar tecnología de vigilancia carretera, incluyendo 52 cámaras y equipamiento para 13 arcos de monitoreo vehicular.
La contratación llamó la atención por la estructura empresarial detrás de la compañía.
Entre las accionistas de SGP Tech aparece Luz Daniela Segura Guzmán, quien también participa en Grupo Segtac, empresa que fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La sanción contra Grupo Segtac estuvo relacionada con presuntos vínculos con Abigael González Valencia, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los líderes de Los Cuinis, organización criminal aliada del Cártel Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, Grupo Segtac habría administrado propiedades ligadas a esa estructura criminal y contribuido a mantener esos activos dentro de la economía formal.
El punto delicado es que SGP Tech fue contratada precisamente para participar en tareas de vigilancia y monitoreo carretero.
Eso no significa que SGP Tech esté acusada de lavar dinero ni que el contrato esté relacionado con actividades criminales.
Sin embargo, la conexión societaria sí abre cuestionamientos sobre los filtros y procesos de revisión que utiliza el Gobierno de Sinaloa para seleccionar proveedores en áreas sensibles como seguridad y vigilancia.
La paradoja resulta difícil de ignorar: tecnología destinada a vigilar carreteras terminó en manos de una empresa vinculada, a través de una de sus socias, con una compañía sancionada por Estados Unidos por presuntos nexos con una organización criminal.
La pregunta, entonces, no es menor: ¿qué tan rigurosos son los controles para saber quién termina participando en la seguridad pública?
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