Salieron a las calles para exigir agua limpia y terminaron enfrentando procesos penales. Ahora, cuando el Congreso de Jalisco tuvo la oportunidad de solicitar que se retiraran las acusaciones contra seis manifestantes, Movimiento Ciudadano decidió no respaldar la propuesta. La postura del partido que gobierna el estado ha desatado cuestionamientos sobre su compromiso con el derecho a la protesta, especialmente después de que el propio gobernador Pablo Lemus reconociera abusos policiales durante la movilización.
Todo comenzó el 11 de octubre, cuando miles de habitantes de Guadalajara y su zona metropolitana marcharon para denunciar la mala calidad del agua que llega a sus hogares. La manifestación avanzó hasta Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador, donde se registraron enfrentamientos entre policías y algunos participantes. La jornada terminó con 39 personas detenidas, además de civiles y elementos de seguridad lesionados.
Las imágenes de aquel día provocaron indignación. Policías antimotines utilizaron gas lacrimógeno y chorros de agua para dispersar a los manifestantes, mientras ciudadanos y organizaciones denunciaron detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. El propio Pablo Lemus reconoció posteriormente que existieron actuaciones indebidas y ordenó investigar a los agentes involucrados. Sin embargo, seis personas continuaron enfrentando procedimientos penales derivados de los disturbios.
La controversia llegó al Congreso estatal el 30 de octubre. Durante la discusión, los legisladores aprobaron solicitar al Gobierno de Jalisco que indemnice a las personas detenidas y golpeadas injustificadamente durante la protesta. Pero una segunda propuesta, que buscaba exhortar a la Fiscalía a desistirse de las acciones penales contra los seis manifestantes, no consiguió el respaldo necesario.
Movimiento Ciudadano no apoyó esa petición, al igual que legisladores de otras fuerzas políticas. La diputada emecista Adriana Medina defendió la postura al señalar que el Congreso no tiene facultades para intervenir en procedimientos judiciales específicos y que hacerlo podría vulnerar la independencia de las autoridades encargadas de impartir justicia.
El argumento provocó una respuesta del diputado Leonardo Almaguer, del Partido del Trabajo, quien acusó a los legisladores de no respaldar suficientemente los derechos de quienes se manifestaron. Para los críticos de la decisión, existe una contradicción entre reconocer posibles abusos policiales y no solicitar la revisión de las acusaciones contra personas detenidas durante el mismo operativo.
Sin embargo, hay una distinción importante: las denuncias contra policías y los procesos penales contra manifestantes deben investigarse individualmente. Reconocer excesos de autoridad no significa que todas las imputaciones queden automáticamente invalidadas. Del mismo modo, los enfrentamientos registrados durante una protesta no justifican detenciones arbitrarias ni agresiones contra quienes ejercen pacíficamente sus derechos.
La discusión también devuelve la atención al problema que originó las movilizaciones. Miles de familias en Guadalajara llevan tiempo denunciando que reciben agua turbia, con malos olores y condiciones que consideran inadecuadas. Mientras los ciudadanos esperan soluciones al abastecimiento, el debate político se ha concentrado en la actuación policial y en las consecuencias legales de las manifestaciones.
Movimiento Ciudadano ha construido parte de su identidad alrededor de la promesa de hacer política de manera diferente. Por eso, su postura en Jalisco enfrenta un escrutinio particular: debe explicar cómo concilia el respeto a la independencia judicial con la protección de los derechos de quienes protestan. El Congreso ya solicitó indemnizaciones, pero los procesos penales continúan. Y mientras las investigaciones avanzan, permanece una pregunta que va más allá de cualquier partido: ¿cómo garantizar que exigir un derecho básico, como el acceso al agua limpia, no termine convirtiéndose en una batalla judicial para los ciudadanos?















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