La comparecencia, realizada el 9 de noviembre, tenía como objetivo revisar la situación financiera y operativa de Pemex. Sin embargo, el debate tomó otro rumbo cuando Piñón puso sobre la mesa una cifra que llamó la atención: 9 mil 180 millones de pesos en pérdidas por robo de combustible entre abril y junio de 2026, equivalentes a aproximadamente 101 millones de pesos diarios, según los datos expuestos por la legisladora.
Pero el cuestionamiento no terminó en las pérdidas económicas. La diputada también preguntó por las inconsistencias en el aseguramiento de un cargamento marítimo de combustible. Señaló que un buque transportaba más de 20.9 millones de litros, mientras que las autoridades reportaron el aseguramiento de aproximadamente 10 millones. La diferencia abrió interrogantes sobre el destino del resto del combustible, aunque las cifras mencionadas requieren una explicación oficial para establecer si corresponden a cantidades directamente comparables.
El momento más controvertido llegó cuando Lorena Piñón mencionó a Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y figura de Morena. La legisladora cuestionó qué información había proporcionado Pemex a la Fiscalía sobre presuntas operaciones de huachicol fiscal relacionadas con integrantes de la Marina y personas señaladas por su cercanía con el político.
Piñón también exigió conocer qué mandos de la petrolera habían sido investigados y si el director podía garantizar que ningún funcionario recibiría protección por sus relaciones familiares o políticas. Las preguntas buscaban esclarecer si Pemex había colaborado con las investigaciones y qué medidas internas se habían tomado para detectar posibles responsabilidades.
Sin embargo, Carpio Fragoso no respondió directamente. Durante su intervención prefirió concentrarse en los resultados financieros de la empresa, las inversiones y los avances en producción. Defendió que Pemex no se encuentra en quiebra, destacó mejoras en sus calificaciones crediticias y aseguró que la compañía trabaja para reducir su dependencia de las aportaciones del Gobierno federal.
El funcionario informó que la petrolera contempla inversiones superiores a 1.8 billones de pesos entre 2025 y 2030, además de una estrategia para fortalecer la exploración y extracción de hidrocarburos. También sostuvo que la deuda financiera ha disminuido y que la empresa busca mejorar su capacidad para cumplir sus compromisos. Pero ninguna de estas explicaciones aclaró los señalamientos específicos sobre el huachicol fiscal.
La mención de Andy López Beltrán requiere una distinción fundamental. El hijo del expresidente ha rechazado las acusaciones que lo relacionan con actividades ilícitas y no existe una resolución judicial que acredite su participación en una red de contrabando de combustibles. Además, el Gobierno federal había señalado anteriormente que, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, no existían investigaciones abiertas en su contra por ese caso. Los cuestionamientos formulados en el Congreso no modifican por sí mismos su situación jurídica.
Lo que sí permanece pendiente es conocer el alcance de la participación de Pemex en las investigaciones sobre el robo y contrabando de combustibles. La empresa tiene un papel fundamental en la cadena de suministro de hidrocarburos, por lo que esclarecer pérdidas, operaciones sospechosas y posibles responsabilidades internas resulta indispensable para proteger los recursos públicos.
La comparecencia terminó con cifras sobre producción, inversiones y recuperación financiera, pero dejó sin respuesta algunas de las preguntas más delicadas de la jornada. Si Pemex ha entregado información a la Fiscalía, corresponde explicar qué puede hacerse público sin comprometer las investigaciones. Y si existen funcionarios bajo revisión, también debe aclararse mediante los procedimientos legales. Porque defender las finanzas de la petrolera es importante, pero rendir cuentas implica responder incluso cuando las preguntas alcanzan a personajes cercanos al poder.















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