La entrega del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, a sus familiares abrió un debate que va más allá del procedimiento legal. Tras ser abatido, autoridades realizaron peritajes, confirmaron su identidad mediante pruebas genéticas y, conforme a la ley, entregaron sus restos a la familia.
Hubo certeza oficial. Dictámenes forenses. Cierre inmediato.
Y ahí comenzó la incomodidad social.
El contraste que duele
En México, más de 100 mil personas permanecen desaparecidas. Miles de familias pasan años sin saber dónde están sus hijos, esposos o hermanos. Muchas enfrentan obstáculos para acceder a expedientes, recibir apoyo en búsquedas o lograr identificación forense de restos encontrados.
Ante ese vacío institucional, han surgido colectivos de madres buscadoras que, pala en mano, salen a excavar terrenos, cerros y fosas clandestinas en busca de verdad.
En ese contexto, la rapidez y claridad con la que se identificó y entregó el cuerpo de uno de los líderes criminales más poderosos del país generó una reacción inevitable.
No es un debate jurídico
La entrega del cuerpo siguió el procedimiento legal. No existe impedimento normativo para que, una vez acreditada la identidad y el parentesco, los restos sean devueltos a la familia.
La crítica no apunta a la legalidad del acto.
Apunta al símbolo.
Las víctimas detrás del nombre
El cártel que encabezaba dejó miles de víctimas: desapariciones, ejecuciones, desplazamientos forzados y familias marcadas por la violencia. Muchas personas desaparecieron bajo el control territorial de su organización. Hoy, sus familias siguen buscando sin respuestas.
El contraste es el que genera indignación: mientras unas familias cargan con la incertidumbre del “no saber” durante años, a un capo se le confirma identidad y se le entrega el cuerpo sin que su familia tenga que vivir esa misma espera.
Una pregunta inevitable
El caso volvió a poner sobre la mesa una discusión profunda sobre la justicia en México. No se trata de negar derechos procesales ni funerarios, sino de cuestionar por qué el Estado puede ofrecer certeza inmediata en algunos casos, mientras miles de familias siguen atrapadas en la incertidumbre.
En un país atravesado por la violencia y la desaparición, la pregunta permanece abierta:
¿la justicia es igual para todos… o depende de quién seas?
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