Una nueva declaración desde Estados Unidos volvió a colocar bajo presión al Gobierno mexicano. Terry Cole, director de la DEA, aseguró que existen funcionarios de alto nivel en México que trabajan directamente con organizaciones criminales.
Cole hizo el señalamiento al hablar sobre la cooperación entre ambos países y sobre las investigaciones que mantiene Washington contra estructuras vinculadas con el narcotráfico y la corrupción.
El director de la agencia antidrogas estadounidense no reveló públicamente los nombres de los funcionarios a los que se refería. Sin embargo, afirmó que algunos de ellos ya fueron “puestos sobre aviso” por autoridades de Estados Unidos.
La acusación resulta especialmente delicada porque, al mismo tiempo que Washington reconoce coordinación con autoridades mexicanas, sostiene que dentro del propio aparato público existirían funcionarios relacionados con los mismos grupos criminales que ambos gobiernos dicen combatir.
Cole también destacó la comunicación que mantiene con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dejando claro que la DEA distingue entre la cooperación institucional con México y los señalamientos contra determinadas figuras.
El contexto aumenta el peso político de sus palabras. La declaración aparece en medio de investigaciones por huachicol fiscal, procesos contra exmandos y funcionarios, tensiones alrededor de figuras políticas mexicanas y una presión cada vez mayor de Estados Unidos contra los cárteles.
Hasta ahora, la DEA no ha presentado públicamente los nombres ni las pruebas específicas que sustentarían la acusación contra esos funcionarios de alto nivel.
Eso impide afirmar quiénes serían, qué cargos ocupan o si existe ya algún procedimiento penal en su contra.
Pero la declaración cambia la discusión: ya no se trata únicamente de sospechas difundidas por adversarios políticos o versiones periodísticas. Es el propio director de una de las principales agencias de seguridad de Estados Unidos quien sostiene públicamente que existen funcionarios mexicanos trabajando directamente con los cárteles.
La pregunta ahora es inevitable: si Washington asegura que sabe quiénes son, ¿cuándo dará los nombres, qué pruebas tiene y qué hará el Gobierno mexicano si esas acusaciones se vuelven públicas?
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