Morena abrió una nueva confrontación con el PAN por la discusión sobre el derecho de réplica en las conferencias mañaneras, mientras desde Palacio Nacional el Gobierno federal mantiene su propio espacio para responder, desmentir y cuestionar públicamente contenidos de medios de comunicación.
La administración de Claudia Sheinbaum ha defendido esta dinámica bajo el argumento de que el Gobierno también tiene derecho a responder cuando considera que una información es falsa. De hecho, la Presidencia creó en 2026 un espacio semanal específico de “Derecho de Réplica”, desde el cual dependencias federales responden a publicaciones y señalan contenidos que consideran incorrectos.
El problema empieza cuando el Gobierno deja de limitarse a presentar datos y entra directamente en la descalificación pública de medios, periodistas y comunicadores. La propia Sheinbaum ha sostenido que no existe censura porque cada persona puede consumir el contenido que quiera, pero también ha acusado a medios de difundir mentiras y campañas contra su administración.
La oposición cuestiona precisamente esa desigualdad: el Gobierno cuenta con una plataforma diaria financiada con recursos públicos para responder prácticamente cualquier señalamiento, mientras quienes son mencionados o acusados desde ese mismo espacio no siempre han tenido acceso equivalente para contestar.
La discusión tiene un antecedente incómodo para Morena. En 2023, Xóchitl Gálvez tuvo que acudir ante un juez para exigir su derecho de réplica después de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador rechazara permitirle responder desde la mañanera. El juez determinó que el Ejecutivo federal sí podía ser considerado sujeto obligado por la Ley del Derecho de Réplica al ser emisor y responsable del contenido difundido en sus conferencias.
Todo esto ocurre además en uno de los entornos más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. ARTICLE 19 documentó 451 agresiones contra periodistas y medios en México durante 2025, un promedio de una cada 20 horas. Ese mismo año registró siete asesinatos y una desaparición de periodistas.
El panorama de 2026 tampoco ha mejorado. Reporteros Sin Fronteras había documentado siete periodistas asesinados hasta el 22 de julio y colocó a México en el lugar 122 de 180 países en su Clasificación Mundial de Libertad de Prensa, pero en el puesto 160 cuando únicamente se evalúan condiciones de seguridad.
Uno de los casos recientes refleja la gravedad del problema. Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado en Oaxaca el 22 de julio, un día después de publicar una columna crítica contra el gobernador Salomón Jara y miembros de su administración. Un año antes había denunciado amenazas y aseguró que estas comenzaron después de ser exhibido en “Trapitos al Sol”, un espacio del propio gobierno estatal dedicado a desmentir información que consideraba falsa. La FGR abrió una investigación por esas amenazas, pero, según RSF, no se le otorgaron medidas de protección oportunas.
Eso no demuestra que el gobernador, Morena o el Gobierno federal hayan ordenado su asesinato. Tampoco puede afirmarse que todos los periodistas asesinados recientemente hayan muerto por criticar al actual gobierno. Lo que sí está documentado es que varios habían investigado autoridades, denunciado corrupción, cuestionado administraciones locales o recibido amenazas relacionadas con su actividad periodística antes de ser asesinados. Josué Martínez Contreras, por ejemplo, había denunciado amenazas que atribuyó a una autoridad local meses antes de que fuera asesinado en Puebla.
Reporteros Sin Fronteras señala además que la colusión entre autoridades locales y crimen organizado sigue siendo una de las mayores amenazas para la prensa mexicana. Periodistas que investigan política, corrupción y crimen enfrentan amenazas, secuestros, desplazamientos y asesinatos en un contexto marcado también por altos niveles de impunidad.
Ahí está la contradicción que alimenta la polémica. Morena sostiene que responder a los medios no es censurar y que el Gobierno debe tener herramientas para combatir información falsa. Pero, al mismo tiempo, organizaciones especializadas documentan un ambiente de estigmatización, intimidación y violencia contra quienes ejercen el periodismo.
El derecho de réplica es legítimo tanto para el Gobierno como para cualquier ciudadano. La pregunta de fondo es otra: qué ocurre cuando quien decide desde una plataforma pública qué es “verdad” o “mentira” es también el mismo poder que está siendo investigado, cuestionado o criticado.
Y ahí aparece la pregunta incómoda: ¿quién vigila al poder cuando el propio poder quiere decidir qué información merece credibilidad?
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