Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tenía una sesión de trabajo, la ministra Lenia Batres Guadarrama decidió acudir al Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y figura de Morena, desatando cuestionamientos sobre sus prioridades y el compromiso con sus responsabilidades judiciales.
La ausencia ocurrió el miércoles 14 de octubre, cuando Batres dejó vacío su lugar en la Suprema Corte para presentarse en el Congreso capitalino, donde Brugada rindió cuentas sobre su administración ante legisladores y representantes políticos.
El contraste no pasó desapercibido. Mientras sus compañeros participaban en las actividades del máximo tribunal del país, la ministra apareció entre los asistentes al evento de la mandataria capitalina, con quien comparte antecedentes políticos dentro del movimiento encabezado por Morena.
Lo más llamativo es que todos los integrantes de la Suprema Corte habían sido invitados al informe, pero Batres fue la única ministra que acudió al encuentro, privilegiando su presencia en el acto institucional sobre su participación en la sesión judicial.
Aunque asistir a un informe de gobierno no constituye por sí mismo una irregularidad, la decisión generó críticas por la responsabilidad que implica ocupar uno de los cargos más importantes del Poder Judicial mexicano.
Hasta el momento de los primeros reportes periodísticos, la ministra no había ofrecido una explicación pública sobre los motivos de su ausencia ni aclarado si contaba con alguna justificación oficial para faltar a la sesión. Tampoco se ha acreditado que su decisión constituya una infracción administrativa.
Sin embargo, el episodio vuelve a colocar bajo la lupa la relación entre los integrantes de la Suprema Corte y las figuras del poder político, especialmente después de la reforma judicial que permitió elegir a los ministros mediante el voto popular.
La independencia judicial es uno de los principios fundamentales de la Suprema Corte, cuyos integrantes tienen la responsabilidad de resolver asuntos de trascendencia nacional sin responder a intereses partidistas.
Por ello, aunque el informe de Clara Brugada fue un acto institucional de rendición de cuentas y no un evento de campaña, la presencia de Batres en medio de sus obligaciones judiciales abre un debate sobre las prioridades de quienes integran el máximo tribunal.
La controversia también plantea una contradicción política: mientras desde el oficialismo se ha defendido la transformación del Poder Judicial como una medida para acercar la justicia a la ciudadanía, episodios como este alimentan las dudas sobre la distancia que sus integrantes mantienen frente a las figuras partidistas.
Porque una cosa es mantener relaciones institucionales con otros poderes y otra muy distinta es generar la percepción de que acompañar a una aliada política puede tener prioridad sobre las responsabilidades del cargo.
Al final, la pregunta resulta inevitable: ¿Lenia Batres fue elegida para impartir justicia o para acompañar a las figuras de Morena en sus eventos?
La ministra puede tener derecho a asistir a actos oficiales, pero también tiene la obligación de explicar sus ausencias y demostrar que su compromiso principal está con la Constitución, la justicia y los ciudadanos, no con las afinidades políticas.
Porque cuando se ocupa un asiento en la Suprema Corte, la independencia no solamente debe existir: también debe demostrarse.
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