La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, es el resultado de una investigación federal que comenzó más de un año antes y que está relacionada con una de las mayores indagatorias por presunto huachicol fiscal en México. La Fiscalía General de la República sostiene que existe una red dedicada al contrabando de hidrocarburos, mientras que el exmandatario panista rechaza cualquier participación en actividades ilícitas.
La historia inició en junio de 2025, cuando autoridades federales aseguraron alrededor de 15 millones de litros de combustible que, presuntamente, habían ingresado al país mediante un esquema para evadir impuestos, conocido como “huachicol fiscal”. Ese decomiso dio origen a una investigación de gran escala sobre empresas y personas vinculadas con la importación de hidrocarburos.
Con el avance de las indagatorias, la FGR ubicó a la empresa Ingemar como una de las compañías presuntamente relacionadas con la operación investigada. Ernesto Ruffo era accionista y secretario del Consejo de la empresa. La Fiscalía sostiene que la compañía formaba parte de la red de contrabando, mientras que Ruffo asegura que su participación se limitaba a realizar trámites aduanales y que nunca intervino en actividades ilegales.
Después de más de un año de investigaciones, un juez autorizó diversas órdenes de aprehensión. El 16 de julio, Ernesto Ruffo fue detenido en Ensenada, Baja California, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Junto con él también fueron capturados otros presuntos integrantes de la misma red.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que se trate de una persecución política y afirmó que la investigación comenzó mucho antes de la detención. Además, adelantó que podrían ejecutarse más órdenes de captura, ya que la Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación relacionadas con la misma estructura de presunto huachicol fiscal.
Desde la oposición, la lectura es distinta. Dirigentes del PAN y otros actores políticos sostienen que la justicia está actuando de manera selectiva y cuestionan que un personaje histórico del panismo sea detenido mientras otros casos que involucran a figuras cercanas a Morena continúan sin resolverse judicialmente.
Por ahora, Ernesto Ruffo no ha sido declarado culpable. La Fiscalía deberá acreditar ante un juez que existen pruebas suficientes para demostrar su participación en la presunta red de huachicol fiscal, mientras que la defensa del exgobernador sostiene que nunca formó parte de una organización criminal y que demostrará su inocencia durante el proceso judicial.
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