La difusión de audios atribuidos a Marina del Pilar Ávila abrió una nueva controversia sobre la relación entre funcionarios mexicanos y supuestos intermediarios de autoridades estadounidenses. La gobernadora de Baja California reconoció que su voz aparece en las conversaciones, en las que se muestra dispuesta a colaborar y compartir información conocida durante reuniones de seguridad, mientras buscaba resolver la cancelación de su visa estadounidense.
Marina del Pilar sostiene que fue víctima de una trampa. Según su versión, las personas con quienes habló nunca demostraron representar oficialmente al Gobierno de Estados Unidos, la reunión planteada no se concretó y tampoco entregó información reservada. Por ello, hasta ahora no existen elementos públicos suficientes para afirmar que haya cometido traición a la patria o revelado secretos de Estado.
Sin embargo, el contenido conocido rebasa el simple trámite migratorio. El cuestionamiento central es que una gobernadora habría considerado utilizar información obtenida por su cargo para intentar resolver un problema personal ante supuestos representantes extranjeros. Aunque la entrega no se haya consumado, la disposición expresada en las conversaciones merece una investigación independiente que determine qué ofreció, a quién y con qué propósito.
La reacción del Gobierno federal contrastó con la asumida en el caso de Chihuahua. Cuando se denunció la presunta participación no autorizada de agentes de inteligencia estadounidenses en un operativo dentro del territorio nacional, Claudia Sheinbaum calificó los hechos como una posible violación constitucional y un asunto relacionado con la soberanía del país. La Fiscalía citó a funcionarios y Maru Campos, gobernadora emanada del PAN, tuvo que comparecer dentro de la investigación.
En el caso de Marina del Pilar, gobernadora de Morena, la prioridad desde Palacio Nacional fue concederle el beneficio de la duda y respaldar su explicación antes de que se esclareciera completamente el contenido y el contexto de los audios. No está probado que haya entregado información confidencial ni que haya cometido algún delito, pero tampoco corresponde al Gobierno cerrar anticipadamente una discusión que involucra asuntos de seguridad y posibles contactos con intereses extranjeros.
La diferencia de trato alimenta la percepción de una doble vara. Cuando el señalamiento recae sobre una gobernadora de oposición, se habla de Constitución, soberanía nacional y comparecencias. Cuando involucra a una mandataria de Morena, la primera respuesta es defenderla y minimizar las implicaciones mientras todavía quedan preguntas sin responder.
La soberanía nacional no puede cambiar de significado según el partido de la persona involucrada. Si los audios fueron editados, si los interlocutores eran impostores o si nunca se entregó información, debe establecerlo una investigación formal. Lo que no debería determinarlo es una defensa anticipada construida desde el poder.
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