La libertad de expresión y los límites de la propaganda electoral volvieron al centro de la discusión luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenara retirar diversas publicaciones en las que Morena era señalado como un “narcopartido”. La decisión ha generado críticas de distintos sectores, que cuestionan si la autoridad electoral está aplicando la ley o limitando el debate político.
La controversia comenzó cuando Morena denunció publicaciones difundidas por el Partido Acción Nacional (PAN) en las que se utilizaba ese calificativo. En un primer expediente, el INE determinó que no era necesario ordenar el retiro del material; sin embargo, posteriormente, en un caso distinto, la Comisión de Quejas y Denuncias sí instruyó eliminar decenas de publicaciones al considerar que podrían constituir calumnia electoral.
El criterio no quedó únicamente en el PAN. Días después, el mismo órgano ordenó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a su dirigente nacional, Alejandro Moreno, retirar publicaciones en las que también llamaban “narcopartido” a Morena, al estimar que la expresión podría implicar la atribución de delitos sin sustento suficiente dentro de propaganda política.
El INE sostiene que un partido político no puede imputar conductas delictivas a otro sin pruebas que las respalden y aclaró que estas determinaciones corresponden a medidas cautelares, por lo que no representan una resolución definitiva sobre el fondo de los asuntos.
Las resoluciones han dividido opiniones. Mientras algunos consideran que el instituto únicamente está haciendo valer las reglas electorales para evitar la calumnia entre partidos, otros afirman que el criterio termina restringiendo la crítica política y beneficia indirectamente a Morena. El debate, más allá de un partido en particular, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza la calumnia en la competencia política?
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