El nombre de Ernesto Ruffo Appel volvió al centro de la conversación pública luego de que enfrenta un proceso por presunta delincuencia organizada relacionado con una red de huachicol fiscal y contrabando de combustible. Sin embargo, el caso actual también ha reavivado antiguas acusaciones que, aunque nunca derivaron en un proceso penal, marcaron distintos momentos de su trayectoria política.
El primer señalamiento se remonta a 1993. Tras su captura en Guatemala, Joaquín “El Chapo” Guzmán declaró ante autoridades federales que Benjamín Arellano Félix, líder del Cártel de Tijuana, presumía una relación cercana con Ruffo, quien entonces era gobernador de Baja California. En esa misma declaración también aseguró que integrantes del grupo criminal contaban con credenciales de la Policía Judicial estatal. Aquellos dichos formaron parte de la investigación de la época, pero nunca se tradujeron en cargos o procesos judiciales contra el exmandatario.
Años después, en 2017, el expresidente Felipe Calderón retomó el tema durante un intercambio político y afirmó que Ruffo había “entregado” Baja California a los Arellano Félix durante su administración. La acusación se dio en el contexto de diferencias internas dentro del Partido Acción Nacional y tampoco estuvo acompañada de un procedimiento judicial.
Ernesto Ruffo rechazó de manera constante esos señalamientos y nunca fue condenado ni procesado por presuntos vínculos con el narcotráfico. Durante décadas, las acusaciones permanecieron en el terreno político y mediático, sin que prosperaran ante los tribunales.
Hoy, el escenario es distinto. Ruffo enfrenta un proceso relacionado con una presunta red de huachicol fiscal y contrabando de combustible, un caso completamente independiente de las acusaciones formuladas en los años noventa y retomadas posteriormente por Calderón. Será el desarrollo de esta investigación y las resoluciones judiciales las que determinen si los nuevos señalamientos cuentan con sustento legal o no.
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