José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quedó nuevamente en el centro de la polémica después de que se revelara una contradicción difícil de ignorar: mientras la defensa de Fernando Farías Laguna asegura que la FGR no pudo localizarlo para citarlo a una audiencia relacionada con el caso de huachicol fiscal, Ojeda continúa vinculado institucionalmente a la Marina y recibe cerca de 150 mil pesos mensuales.
De acuerdo con información obtenida vía transparencia, el exsecretario mantiene una relación activa con la Semar como asesor del alto mando naval y conserva una remuneración correspondiente a su rango de almirante.
El contraste resulta especialmente incómodo.
Por un lado, se afirma que la Fiscalía no logró ubicarlo para una diligencia. Por otro, la propia institución naval mantiene registro de su actividad y continúa depositándole su remuneración.
El caso adquiere todavía más relevancia porque dos de sus sobrinos han sido vinculados con investigaciones relacionadas con huachicol fiscal.
Hasta ahora, Ojeda no enfrenta una carpeta de investigación en su contra y tampoco existe una orden de aprehensión. Sin embargo, su nombre aparece inevitablemente alrededor de un caso que ha tocado a integrantes de su círculo familiar.
La presidenta Claudia Sheinbaum salió a defenderlo y aseguró que Ojeda “no está escondido” y que tampoco se ha negado a declarar.
Esa explicación, lejos de cerrar el tema, abre otra pregunta.
Si no está escondido, sigue cobrando, aparece como asesor y la Marina sabe perfectamente dónde está, ¿cómo es que la FGR no pudo localizarlo para una diligencia?
El problema no es afirmar que exista un delito donde no está probado.
El problema es una contradicción institucional que exige una explicación mucho más clara que un simple “no está escondido”.
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