El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, quedó en el centro de la polémica después de afirmar que sería “muy delicado” colocar a una mujer al frente de municipios dominados por grupos criminales.
La declaración surgió cuando fue cuestionado por la ausencia de mujeres al frente de nuevos Concejos Municipales. Su argumento fue que en lugares con fuerte presencia delictiva existía un riesgo especial para ellas.
El problema es que la lógica detrás de esa explicación abre una contradicción enorme.
México está gobernado por una mujer. Claudia Sheinbaum encabeza un país que todavía enfrenta homicidios, desapariciones, extorsiones, narcotráfico y organizaciones criminales con presencia en distintos estados.
Si la inseguridad fuera un argumento suficiente para excluir a una mujer de un cargo de gobierno, la misma lógica terminaría cuestionando a la propia Presidenta.
Además, los estados con mayores niveles de violencia tampoco sostienen la idea de que el género de quien gobierna determine la capacidad para enfrentar al crimen.
Guanajuato, Baja California, Chihuahua y Sinaloa han concentrado altos niveles de homicidios durante 2026, demostrando que la violencia depende de factores criminales, institucionales y sociales mucho más complejos que el sexo de quien ocupa el gobierno.
El dato local también es significativo: en Puebla, solo 44 de los 217 municipios están encabezados por mujeres.
Por eso, cuando Armenta justificó que ninguna mujer presidiera los nuevos Concejos Municipales bajo el argumento del riesgo, las críticas se multiplicaron.
La pregunta es inevitable: ¿se trata realmente de proteger a las mujeres o de limitar su acceso al poder bajo una explicación paternalista?
Si una mujer puede ser presidenta de México, gobernadora, fiscal o secretaria de Seguridad, resulta difícil sostener que no pueda encabezar un municipio únicamente porque enfrenta una situación complicada de violencia.
Más aún, si existen municipios donde el crimen organizado representa un riesgo tan grande que el propio Estado considera peligroso colocar a una mujer al frente, el problema no está en la capacidad de esa mujer.
El problema está en que las instituciones hayan permitido que la criminalidad alcance ese nivel de control.
Después de la controversia, Armenta corrigió su postura y aseguró que las mujeres “pueden y deben gobernar municipios y el propio Estado”.
La rectificación llegó rápidamente, pero dejó otra pregunta sobre la mesa.
¿Qué cambió en cuestión de horas: las condiciones de seguridad de Puebla o el tamaño de la polémica que provocaron sus palabras?
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