Durante su conferencia matutina del 23 de octubre, Sheinbaum respondió a las declaraciones que Campos ofreció a Latinus, donde negó haber negociado con el Gobierno federal la detención del exfiscal y relató una discusión particularmente tensa con la presidenta.
Sheinbaum confirmó que ambas elevaron la voz durante su reunión privada del 19 de septiembre, celebrada en el aeropuerto de Ciudad Juárez. Explicó que la conversación comenzó con un reclamo de Campos por los señalamientos de traición a la patria derivados de la participación de agentes estadounidenses en un operativo de seguridad en Chihuahua.
Según la versión presidencial, la gobernadora negó haber autorizado la intervención extranjera y responsabilizó directamente a Jáuregui. Pero la conversación habría ido más lejos: Sheinbaum sostuvo que Campos también le reveló presuntas irregularidades patrimoniales del exfuncionario.
“Me dijo que habían encontrado corrupción que había cometido el exfiscal. Me dijo que el exfiscal tiene casinos”, relató la presidenta, quien aseguró haber recomendado a la mandataria estatal presentar las denuncias correspondientes.
Sheinbaum añadió que ofreció facilitar una reunión entre Campos y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, para que las autoridades federales conocieran esos señalamientos. De acuerdo con la presidenta, la gobernadora posteriormente reiteró ante la Fiscalía la información relacionada con Jáuregui.
La versión contrasta con la postura pública de Maru Campos, quien ha rechazado haber negociado la detención de su exfiscal y sostiene que el Gobierno federal ya tenía información sobre las posibles irregularidades. La gobernadora también ha cuestionado el manejo político del caso, en medio de la disputa entre el PAN y Morena rumbo a las elecciones de 2027.
César Jáuregui enfrenta procesos relacionados con la presunta participación no autorizada de agentes estadounidenses en Chihuahua. Sin embargo, las afirmaciones sobre corrupción y propiedades vinculadas con casinos permanecen como señalamientos que deben investigarse y no constituyen, por sí mismos, pruebas de responsabilidad penal.
El enfrentamiento también alcanzó a Ariadna Montiel. Sheinbaum reveló que Campos la señaló por presuntos vínculos con el narcotráfico, una acusación que la presidenta rechazó y ante la cual pidió presentar pruebas. Hasta el momento, no se han difundido elementos públicos suficientes para acreditar esos señalamientos.
Así, una reunión que inicialmente se mantuvo en privado terminó convirtiéndose en una disputa pública entre dos mandatarias. Ambas reconocen que hubo reclamos y momentos de tensión, pero discrepan sobre el alcance de las acusaciones y las responsabilidades de quienes participaron en los hechos investigados.
La presidenta asegura que Campos responsabilizó a Jáuregui y habló de presunta corrupción. La gobernadora niega haber pactado su detención y cuestiona las interpretaciones del Gobierno federal.
Mientras las investigaciones continúan, las preguntas siguen abiertas: ¿qué información tenía realmente el Gobierno de Chihuahua sobre su exfiscal?, ¿quién autorizó la participación de agentes estadounidenses? y, sobre todo, ¿qué pruebas respaldan las acusaciones que hoy enfrentan a ambas mandatarias?
Porque más allá del intercambio de declaraciones, el caso exige esclarecer responsabilidades con pruebas y resoluciones judiciales, no solamente con versiones políticas.
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