El caso de Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, ya no se mueve solo en el terreno político mexicano. Ahora está en una corte de Nueva York, donde la justicia estadounidense sostiene que existe “mucha evidencia” en su contra.
Mérida fue jefe de seguridad durante el gobierno de Rubén Rocha Moya. Es decir, no era un funcionario menor: era el hombre encargado de combatir al crimen en uno de los estados más golpeados por el narcotráfico y una de las regiones más sensibles para la seguridad de México.
La Fiscalía de Estados Unidos lo acusa de conspiración para importar narcóticos y de delitos relacionados con armas. Durante su proceso, Mérida se declaró no culpable, por lo que será la justicia estadounidense la que deberá revisar las pruebas y definir si las acusaciones se sostienen en tribunales.
Pero el contenido de la acusación es gravísimo. De acuerdo con fiscales estadounidenses, Mérida habría recibido más de 100 mil dólares mensuales de Los Chapitos, una de las facciones más poderosas del Cártel de Sinaloa. A cambio, presuntamente les habría dado protección e información sobre operativos antidrogas.
El golpe para Sinaloa es enorme. El funcionario que debía coordinar la seguridad pública del estado ahora está acusado en Estados Unidos de trabajar para una de las organizaciones criminales que debía combatir.
El caso también vuelve a colocar bajo presión al gobierno de Rubén Rocha Moya, porque Mérida formó parte de su estructura de seguridad. La pregunta es inevitable: ¿cómo pudo llegar a un cargo tan estratégico alguien que ahora enfrenta acusaciones tan graves en una corte estadounidense?
Aunque Mérida mantiene su declaración de no culpabilidad, el proceso ya abrió una crisis política y de credibilidad. Porque cuando el jefe de seguridad de un estado termina señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado, el problema no es solo individual: también exhibe fallas profundas en los controles, nombramientos y vigilancia dentro del poder público.
Sinaloa vuelve a quedar en el centro de una historia incómoda. Y esta vez, el expediente no está en México: está en Nueva York.
Leave a Reply